La presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, recibieron ayer el pedido de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) para que se facilite el transporte de la cosecha de soja. En concreto, el presidente de la BCR, Cristián Amuchástegui, llevó el pedido de toda la cadena de comercialización para eliminar el Código de Trazabilidad de Granos (CTG), un requisito introducido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el año pasado.
“A raíz del impacto que provocará la cosecha récord sobre el transporte de granos, hemos solicitado la posibilidad de sustituir el CTG por un mecanismo más ágil”, dijo Amuchástegui tras el encuentro que se realizó en la Casa Rosada “en un clima de cordialidad”.
En el umbral del inicio de la cosecha de granos gruesos, el Consejo Provincial de Transporte Automotor de Carga Agropecuaria fijó una suba de 26 por ciento en las tarifas de referencia para los viajes que realicen los camioneros que trasladan granos. La última actualización en el precio de los fletes fue en julio de 2008.
El aumento es la consecuencia del análisis realizado por el incremento en distintos rubros que inciden en la actividad del sector, como seguros, combustibles, neumáticos, salarios, peajes e impuestos, entre otros elementos.
El gobernador Jorge Capitanich y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, presentaron el inicio de las obras del programa de recuperación ferroviaria del ramal Belgrano Cargas en la provincia de Chaco, que demandará una inversión de $ 650 millones.
La presidenta Cristina Fernández encabezó el acto de firma del convenio de renegociación del contrato para el dragado y mantenimiento de la hidrovía. El acuerdo marca un compromiso para tener puertos operativos y eficaces con el propósito de lograr abaratar los costos del sector productivo en la logística y el transporte de cargas.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley que beneficia por tres años a los transportistas interprovinciales de pasajeros y carga con la devolución del treinta por ciento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del precio de venta del petróleo diesel que adquieran para sus operaciones.
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